La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, confirmó que ya existe una investigación por los hechos ocurridos en Totalco, municipio de Perote, donde dos personas murieron presuntamente a manos de elementos de la Fuerza Civil cuando llevaban a cabo una protesta.
En entrevista, precisó que se investiga la presunta violación al derecho a la vida, principalmente, de parte de los elementos de las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, de acuerdo con su desarrollo, si se encuentran otros elementos para derivar responsabilidades por otros hechos en contra de diversas instituciones, se tomarán en cuenta para emitir las recomendaciones pertinentes.
Detalló que personal del organismo se trasladó hasta esa zona y ya efectuó algunas entrevistas, luego de ello, los visitadores dieron inicio a la apertura de la queja, la cual ya fue ratificada.
“Después de que nosotros tuvimos conocimiento de los hechos, se abrió una queja de oficio, personal se trasladó al lugar de los hechos, se entrevistaron personas ya tenemos la queja radicada y se está documentando. La queja se está integrando, la acabamos de aperturar y ahora solo puedo decir, presuntamente el derecho a la vida (vulnerado), pero no podré señalar más hasta que terminemos de integrar la queja”, declaró.
Matzumoto Benítez comentó que en el tránsito de la integración del expediente pudieran surgir elementos, para ver sobre quién más recae una responsabilidad, o si hubo otro tipo de violación a los derechos humanos.
“En este momento, por los actos cometidos por los elementos de seguridad, pero si en el tránsito de la integración de esa queja surgieran otros hechos que nos derivaran a nosotros otro tipo de responsabilidad de otras autoridades, pues evidentemente se considerará para la emisión de la recomendación”, explicó.
Señaló que por el momento al organismo a su cargo le corresponde acreditar si en verdad hubo violaciones a los derechos humanos, mientras que a la Secretaría de Seguridad Pública sancionar a los servidores públicos involucrados.
Cuestionada sobre las declaraciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, sobre 50 casos de abusos cometidos por la Fuerza Civil, ella precisó que realmente se trata de 50 servidores públicos de corporaciones de seguridad sancionados, pero no todos pertenecientes a la ahora extinta Fuerza Civil.
