CONTRAESQUINA POLÍTICA
Fernando Martínez Plascencia
En enero del 2016, 5 jóvenes desaparecieron en Tierra Blanca, Veracruz, era la época de Javier Duarte de Ochoa, uno de los peores gobernadores de los que se tenga memoria, el secretario de Seguridad Pública era Arturo Bermúdez Zurita, quien ya estuvo detenido en Pacho Viejo, aquel que recomendaba amarrar con cadenas nuestras puertas y tener perros en casa ante la creciente e incesante ola de inseguridad de la delincuencia organizada.
Aquellos jóvenes que habían ido a divertirse al puerto de Veracruz, regresaban a su comunidad de Playa Vicente, fueron detenidos, hoy se sabe por declaración de uno de los policías estatales asegurados por agentes ministeriales, por elementos policíacos bajo las órdenes del delegado de Seguridad Pública en Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, detenido y sujeto a proceso por delincuencia organizada, subalterno del «capitán» Arturo Bermúdez, fueron torturados asesinados, y desaparecidos.
La Organización De las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana y la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ha solicitado de forma obligada al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, lleve a cabo Acciones Urgentes, e investigar la Cadena de Mando hasta Javier Duarte de Ochoa, el ex gobernador, y determinar si existe responsabilidad o no en este lamentable caso que avergüenza, como en otros más, a la sociedad que cada día confía menos en sus autoridades.
Hasta hoy, pese a la solicitud, ni la Fiscalía General de la República, ni la Fiscalía del Estado de Veracruz han hecho algo sobre esta investigación para determinar responsabilidades administrativas y penales.
Con esto se busca garantizar los derechos de las víctimas que tuvieron que acudir a estas Instancias Internacionales, e incluso se habla de llevar a cabo también, una investigación hacia el Ministerio Público, Marco Antonio Zavala por diferentes negligencias, quien por cierto, despacha nuevamente en Playa Vicente, como si fuera una burla hacia las víctimas, ya que él fue el que tomó de inicio la denuncia, cosa que no se ha hecho, incluso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo señaló en su recomendación, pero este gobierno, el de Cuitláhuac García Jiménez no ha cumplido, ni le ha exigido a la Fiscalía de Verónica Hernández Giadáns lo lleve a cabo.
Es importante mencionar que la Desaparición Forzada es un acto de Estado, en el cual la policía no se manda sola, siempre recibe órdenes de más arriba, por eso se pide investigar, cuando suceden estos vergonzantes hechos, la Cadena de Mando.
En la tortura y desaparición de estos jóvenes, han pasado 5 años y medio, hay varios detenidos, pero hasta hoy no han sido sentenciados.
José Benítez, padre de uno de los jóvenes dice, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, «Estamos ahí viviendo, tratando de seguir nuestra vida normal, claro está, no se puede, y no podemos estar con los brazos cruzados, sin ver resolución a nuestro problema, yo creo que al gobierno, tanto federal como estatal, le ha hecho mucha falta de atención a nosotros como víctimas, ellos nos ven como estadísticas nada más, en cuestiones de elección ahí si nos ven como votantes, no puedo doblarme porque sería renunciar a mi hijo, eso no lo voy a hacer, necesitamos que el gobierno se ponga las pilas».
Para colmo, el juez de Primera instancia de San Andrés Tuxtla, los re victimiza, al querer obligarlos a acudir a dicho órgano Jurisdiccional, sin tomar en cuenta que hay temor, miedo de todas las familias de estos jóvenes de que algo grave les pueda suceder si abandonan su lugar de residencia, en Playa Vicente hay un juzgado municipal que vía exhorto puede tomarles declaración, hace falta empatía, sin duda, entender lo que la Ley de Víctimas dice al respecto.
José Benítez pide únicamente justicia para tratar de vivir mejor por la pérdida irreparable de su hijo y de los otros jóvenes que, por desgracia se cruzaron por el camino de estos malos elementos policíacos que destrozaron la vida de todas estas familias. Lamentable.
